Este movimiento es otro movimiento político que utiliza el victimismo para justificar sus actuaciones, con independencia del tipo de acciones que lleven a cabo; bien acciones para evitar un desahucio o bien violentos ataques contra sus objetivos políticos.
Nadie puede dudar ya de que en España el victimismo proporciona tirón mediático, perdón social, justificación en cuanto a la desproporcionalidad de medios y, sobre todo, dispensa ética y dispensa de la verdad.
La razonabilidad de sus peticiones queda invalidada por la hipocresía subyacente en las mismas y por los medios utilizados para sus reivindicaciones falsamente humanitarias.
La dación de pago, la primera y principal de las hipocresías.
En el caso de la dación de pago, que podría parecer justa por algunos motivos (el banco asumió su riesgo y la garantía era hipotecaria, el banco prestó alegremente sin considerar la capacidad de pago del cliente, el banco permite la dación de pago a las empresas y por las mismas razones podría aplicarla a los particulares...) resulta que la justifican por razones puramente humanitarias: "pobre persona sin recursos que se queda en la calle". Entonces toda su reivindicación de la dación de pago se resquebraja intelectualmente. Frente al desahucio de esta persona, proponen como solución la dación de pago. La dación de pago es la entrega de la vivienda al banco y cancelación total de la deuda, pero no supone que se queda a vivir en esa vivienda sino que tiene que abandonarla. Luego la dación de pago no es una cuestión de humanidad y solidaridad sino economica, y el victimismo se convierte en pura hipocresía interesada.
El papel de cada ciudadano.
Debemos ser serios y aplicar las reglas que regulan la convivencia. Y una de esas reglas es la obligatoriedad de cumplir con nuestros contratos. Y si no somos capaces, dirijamos nuestras peticiones de ayuda a los servicios sociales, pues el problema no es ya económico sino de otra índole. Y lo más justo es que pudiesen conseguir recursos para ese potencial desahuciado, para que a su vez pague sus obligaciones. Pero debe quedar claro el papel de cada uno: el banco o arrendador tiene un derecho, que puede negociar o no, pero en cualquier caso es un derecho; el inquilino o hipotecado es un obligado al pago, y puede negociar o no; y en caso de acuerdo económico, los recursos necesarios para pagar deben ser objeto de fondeo social. Consecuentemente el inquilino o propietario hipotecado asume desde ese instante que es un social-dependiente, que debe a ciertas instituciones sociales el que pueda tener una vivienda digna, y no por que esta sea un derecho absoluto sino porque hay humanidad en el sistema social, porque hay ciudadanos y organizaciones solidarias, que en cualquier caso deben ser ajenos a obligaciones mercantiles. Esos ciudadanos sin recursos deben ser conscientes de que su incumplimiento mercantil acarrea acciones solidarias en su favor, que debe mucho a aquellos que fondean sus necesidades y que su derecho no es absoluto, y que además debería agradecer a esos anónimos que financian su vivienda (gente con sus impuestos o caritativos ciudadanos) cada día el que pueda disfrutar de su vivienda.
De no asumir el rol a la violencia justificada por falso victimismo.
Por el contrario, organizaciones políticamente dependientes y extremistas, tratan de convencerles de que su derecho es el de la vivienda gratuita y que por ello tienen derecho a actuar con violencia. Pues debe quedar claro que ese potencialmente desahuciado debe elegir entre ser parte mercantil, o dependiente social o delincuente. No permitamos que por asociaciones extremistas una persona con derecho a vivienda digna, pase de no poder asumir obligaciones mercantiles a ser un delincuente. Dejemos que se respeten las normas de convivencia y que la acción social ayude a las personas, pero que no se dé ese paso falso hacia la delicncuencia organizada por extremistas rabiosos.
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